Según el ministro de Justicia y Servicios Correccionales, Ronald Lamola, la iniciativa sudafricana busca que se reflejen todos los artículos del Estatuto de Roma, en particular el Artículo 98, que requiere una renuncia a las inmunidades para las personas acusadas por la CPI de terceros países donde no hay una remisión por parte del Consejo de Seguridad de la ONU»
Sudáfrica, recordó, sigue siendo miembro de pleno derecho de la CPI y tiene todos los derechos y obligaciones que establecen que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal sobre los responsables de crímenes internacionales.
La CPI mantiene una orden de arresto contra el presidente Putin por presuntos hechos relativos a las acciones rusas en el Donbas, lo que en varios países es visto como una postura parcializada, de doble rasero y políticamente motivada
El pasado mes de mayo, Zane Dangor, director general del ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, dijo que el caso con Putin era la primera vez que la CPI emitía una orden de arresto a un tercer Estado donde la investigación no había sido iniciada por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Cuando una investigación es iniciada por el fiscal por iniciativa propia, o cuando una situación es referida por un Estado parte, el fiscal debe informar al Consejo de Seguridad y darle a esa instancia seis meses para determinar que un acto de agresión ha ocurrido.
Para adelantar la enmienda legislativa, anuncio el pasado abril la presidencia sudafricana, Sudáfrica tomará como caso de orientación la forma en que el Reino Unido adaptó el Estatuto para incorporar las disposiciones del artículo 98.
Para el Comité Ejecutivo Nacional del ANC “la potencial salida de la CPI sería solo una opción que se plantearía como último recurso en ausencia de opciones legales que resultarían en equidad y consistencia en la administración del derecho internacional”.
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