La medida adoptada se hizo en nombre de una ley arbitraria, y muy restrictiva con las libertades, que deja en manos del Consejo de Ministros la ilegalización de cualquier tipo de asociación o entidad si se considera que “provoca manifestaciones armadas o actos violentos contra personas o bienes”.
Numerosos diputados, organizaciones y personalidades públicas condenaron la decisión del ejecutivo y convocaron para hoy por la tarde concentraciones de apoyo al movimiento ecologista prohibido en más de 100 ciudades de Francia.
Greenpeace Francia calificó la actuación gubernamental como una “utilización extremadamente preocupante de la ley para atentar contra las libertades individuales”, mientras que para la secretaria nacional del partido Europa Ecología-Los Verdes, Marine Tondelier, supone un nuevo paso “en la criminalización del movimiento ecologista”.
La medida no solo trata de poner fin a un movimiento muy asentado en todo el territorio francés y con gran capacidad de movilización, sino que pretende sancionar con penas de cárcel y multas de hasta 45 mil euros a cualquier persona que utilice logotipos, imágenes o esloganes del ilegalizado grupo, que organicen reuniones en su nombre o pretendan reactivarlo.
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