Las manifestaciones, que rechazan en especial la Carta Magna por legitimar la violencia, prohibir las protestas y lesionar derechos de los pueblos originarios sobre la propiedad de la tierra, apuntaron de nuevo la víspera contra la extrema represión policial generada durante su aprobación.
Esta última acción masiva contra la nueva Constitución provincial, defendida por el gobernador, Gerardo Morales, rechazó los actos represivos e insistió en la derogación del controvertido documento.
Los manifestantes demandaron, además, la libertad de decenas de detenidos durante las protestas, y denunciaron que el gobernador Morales “busca imponer el terror para desmovilizar”.
La mayoría de los comercios permanecieron este miércoles con las persianas bajas y la administración pública no funcionó porque la gobernación decretó un día de asueto, mientras la circulación fue paralizada por los cortes de rutas.
Líderes de la Central General de Trabajadores convocaron a una huelga de 48 horas y los gremios docentes continuaron sin impartir clases, en pedido del aumento salarial que reclaman desde el comienzo del paro el 5 de junio, luego respaldado por los demás sectores.
Medios de prensa describen la integración de las protestas por pobres, trabajadores de bajos salarios o procedentes del sector informal, clase media, y universitarios, todos opuestos a la reforma constitucional por implicar más pérdidas de derechos.
Los automovilistas acompañan el paso de las marchas con sus bocinas, mientras algunos proclaman que “Morales quiere sacarle las tierras a los pobladores ancestrales”, aunque otros también aseguran que detrás del proyecto están los intereses por el litio argentino.
La reacción policial incluyó el empleo de balas de goma (algunos denuncian que también de plomo), gases lacrimógenos y vehículos especiales contra las protestas, declaró a la agencia Télam Pablo Jure, director del servicio de emergencias de esa localidad.
Los actos represivos contra el rechazo al texto constitucional fueron rechazados por el Gobierno, tras culpar Morales de los hechos a sus líderes.
«Usted -respondió el presidente Alberto Fernández- es el único responsable de haber llevado a nuestra querida provincia de Jujuy a esta situación-límite tratando de imponer una reforma constitucional que no respeta la Constitución Nacional».
Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó al gobernador a detener “la locura represiva que su propio accionar desata. Lo que está sucediendo en la Provincia de Jujuy es absoluta responsabilidad suya y usted lo sabe. Pareciera –subrayó- que la represión salvaje está en su ADN».
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