Murillo hizo el pedido mediante el Ministerio de Defensa con el pretexto de habilitar a policías y soldados con esas armas antimotines, añadió el letrado Gary Prado, quien asumió la defensa de dos exfuncionarios vinculados al caso.
El abogado aseguró que el exministro de gobierno hizo las gestiones para adquirir los gases lacrimógenos con la empresa brasileña de armas no letales Cóndor, a través de la intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC.
Los implicados usaron un avión de la Fuerza Aérea y pidieron a Ecuador el valor equivalente para los artefactos necesarios y entregárselos a los cuerpos represivos hasta que llegaran los suyos.
Nunca lo devolvieron, pero Murillo presionó por el préstamo con el argumento de que la policía boliviana no contaba con la dotación necesaria de agentes químicos y vinculó al Ministerio de Defensa, subrayó el letrado.
La compra fue a un precio total de 5,6 millones de dólares, por lo que Murillo y sus cómplices se beneficiaron con un sobreprecio de 2,3 millones, agregó Pardo.
Cóndor ofreció en diciembre de 2019 a Ecuador un precio de 12 dólares por cada cartucho de gas lacrimógeno de 37mm/38mm, mientras el gobierno boliviano, a instancias de Murillo, los pagó en esa misma fecha a 37 dólares.
Bravo Tactical Solutions pertenece a Bryan Samuel Berkman, hijo de Luis Berkman Littman, amigo de infancia de Murillo, y ahora ambos figuran como los dos principales implicados en el hecho de corrupción, según el gobierno.
La justicia de Estados Unidos detuvo el 26 de mayo a Murillo bajo cargos de lavado de dinero y sobornos durante su participación en la adquisición irregular de los gases lacrimógenos.
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