La relatora especial sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin, conoció a algunos de los prisioneros gracias a una visita realizada al sitio, y constató que todos ellos viven con daños constantes como consecuencia de prácticas sistemáticas de tortura y detención arbitraria.
Explicó en un comunicado que “para muchos, la línea divisoria entre el pasado y el presente es sumamente delgada y las experiencias pasadas de tortura viven en el presente, sin un final evidente a la vista”.
Expresó asimismo grandes preocupaciones por el apresamiento continuo de 30 hombres y la arbitrariedad sistemática que caracteriza su día a día, que conlleva “inseguridad, sufrimiento y ansiedad a todos, sin excepción”.
Estimó que, no obstante a la gravedad y naturaleza de los daños físicos y psicológicos actuales de muchos detenidos, la infraestructura implica una vigilancia casi constante, extracciones forzadas de celdas, uso indebido de restricciones y otros procedimientos operativos que viola el respeto por los derechos humanos.
Además de otras transgresiones de las garantías fundamentales, citó deficiencias en la atención de salud, acceso inadecuado a la familia, y detención arbitraria caracterizada por constantes violaciones a los juicios justos.
“El conjunto de estas prácticas y omisiones tiene efectos acumulativos y agravantes sobre la dignidad y los derechos fundamentales de los detenidos, y equivalen a un trato cruel, inhumano y degradante continuo”, concluyó.
Por lo mismo, declaró que constituye una prioridad “que se cierre esa instalación”.
La funcionaria también se reunió con prisioneros repatriados y reasentados, tras lo cual señaló graves deficiencias en la provisión de los medios esenciales que los exreos necesitan para vivir, incluida la identidad legal, la atención médica, la educación, la vivienda, la reunificación familiar y la libertad de movimiento.
Estas problemáticas, remarcó, contravienen las obligaciones de Estados Unidos en virtud del derecho internacional contraídas antes, durante y después de la transferencia de los detenidos.
En la conclusión de su informe, la relatora especial llamó el gobierno estadounidense a garantizar la rendición de cuentas por todas las violaciones del derecho internacional.
“Ha llegado el momento de deshacer los legados de excepción y discriminación perpetuados por la existencia continua de Guantánamo”, puntualizó.
La efectuada por Ní Aoláin fue la primera visita oficial a Guantánamo de un experto de la ONU a ese sitio, que se instaló como centro de tortura como parte de la llamada guerra contra el terrorismo emprendida por Estados Unidos, tras el ataque sufrido en ese territorio en 2001.
A 21 años de que el exmandatario George W. Bush (2001-2009) abriera la cárcel, y 13 años después de la firma de un orden para su desmantelamiento por el exgobernante Barack Obama (2009-2017), aún quedan allí una treintena de encarcelados.
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