En agosto culmina el contrato con Conecel, a cargo de Claro, y en noviembre con Otecel, que maneja las marcas de Movistar y Tuenti.
Si la renegociación pasa del límite de tiempo establecido, el servicio de telefonía celular de más de catorce millones de usuarios podría verse afectado.
En mayo pasado, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) suspendió la renegociación por 120 días debido a la falta de la valoración del espectro radioeléctrico.
El artículo 54 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece la obligatoriedad de fijar el valor de los derechos por el otorgamiento de títulos habilitantes, así como de las tarifas por el uso y explotación del espectro radioeléctrico.
En medio de esas trabas, la posible prórroga de los contratos ocurriría en el ocaso del mandato del presidente Guillermo Lasso, quien adelantó su salida del poder y disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento) con la aplicación del mecanismo de muerte cruzada.
Gobierno sin legitimidad, entre gallos y media noche, pretende entregar concesión por 15 años a Claro y Movistar, que perjudica al país, manifestó la exasambleísta de la Revolución Ciudadana Sofía Espín.
Advirtió que cuando tome posesión el nuevo legislativo “todo será auditado y fiscalizado” y afirmó que “¡No habrá impunidad para sinvergüenzas!”.
El hermetismo que ha mantenido el Gobierno sobre el estado de esa negociación no permite conocer las condiciones.
Según los datos de Arcotel, Claro tiene 9,2 millones de líneas activas, que representan el 52 por ciento del mercado, mientras que Movistar posee 5,4 millones, un 30,5 por ciento.
La última negociación con esas dos compañías ocurrió en 2008 durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, por un total de 700 millones de dólares.
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