Tras varias jornadas de violentos disturbios en decenas de barrios populares, y cuando parece que el ejecutivo trata de cerrar el conflicto sin más compromiso que indemnizar a los comerciantes afectados, los convocantes llamaron a la ciudadanía a participar desde hoy en concentraciones y marchas en todo el país “por el mantenimiento de las libertades públicas e individuales».
En su comunicado, los organizadores denunciaron las políticas consideradas «discriminatorias» contra los barrios obreros y pidieron al Gobierno “que asuma sus responsabilidades y aporte soluciones inmediatas para poner fin al enfrentamiento”.
Entre las medidas solicitadas figura «una reforma en profundidad de la policía, de sus técnicas de intervención y de su armamento», incidiendo en la ley de 2017 sobre la flexibilización de las normas sobre el uso de armas de fuego por parte de la Policía, que piden su derogación, y la Inspección General de la Policía Nacional, que debe ser sustituida por un organismo independiente.
Igualmente demandaron «la creación de un departamento dedicado a la discriminación de los jóvenes dentro de la autoridad administrativa presidida por el Defensor de los Derechos Humanos».
Para estas organizaciones, «las revueltas que sacuden los barrios populares» desde la muerte de Nahel, una adolescente de 17 años asesinado por un policía en Nanterre, son el resultado del «abandono de estas poblaciones» y de «décadas de abusos por parte de una política policial».
En la declaración figuran partidos políticos (Francia Insumisa y Europa Ecología Los Verdes), sindicatos (CGT, FSU y Solidaries), grupos ecologistas (Greenpeace) y asociaciones de derechos humanos (Amnistía Internacional Francia, LDH, Comité Verdad y Justicia para Adama y la Coordinadora Nacional contra la Violencia Policial), entre otros.
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