El organismo rector de los comicios decidió modificar el calendario del proceso y extender a 35 días la fase propagandística, que tendrá lugar hasta el 17 de agosto, para luego dar paso a las 48 horas establecidas para el silencio electoral previo a la cita en las urnas.
El CNE decidió adelantar la campaña, que originalmente comenzaría el 8 de agosto, luego de que el Tribunal Contencioso Electoral confirmara que estaban resueltos todos los recursos de impugnación.
La titular del CNE, Diana Atamaint, argumentó que es derecho de los ciudadanos conocer las propuestas y, por lo tanto, es oportuno anticipar la campaña, aunque aclaró que sólo podrán realizar actividades de promoción los candidatos presidenciales.
Los más de mil inscritos para participar en el proceso como aspirantes a alguno de los 137 curules de la Asamblea Nacional (Parlamento) deberán esperar todavía, puntualizó Atamaint.
El CNE anunció también que, como establece la Constitución, garantizarán de forma equitativa a los ocho aspirantes a la presidencia un monto de 309 mil 243 dólares para que lo destinen a la publicidad en medios de comunicación y vallas.
Aquellos que forman parte de alianzas tienen derecho a un 20 por ciento adicional por cada partido o movimiento integrante de la coalición.
La única mujer candidata a la presidencia de la República es la representante del movimiento correísta Revolución Ciudadana, Luisa González, quien lidera todas las encuestas.
También buscan llegar al Palacio de Carondelet, Otto Sonnenholzner (Actuemos), Fernando Villavicencio (Construye), Jan Topic (Por Un País Sin Miedo), Xavier Hervas (RETO), Yaku Pérez (Claro que se puede), Daniel Noboa (Acción Democrática Nacional) y Bolívar Armijos (Amigo).
Todos ellos intensificaron esta semana sus recorridos por las provincias, las entrevistas y encuentros con diferentes sectores sociales para promover sus propuestas en cuanto a seguridad, servicios públicos y lucha contra la corrupción.
El ganador de los sufragios completará el mandato 2021-2025, interrumpido por el decreto de «muerte cruzada» aplicado por el actual presidente Guillermo Lasso, quien disolvió la Asamblea Nacional en medio de un proceso de juicio político en su contra.
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