El máximo órgano de control constitucional escuchó los argumentos del Gobierno, que sostiene que la medida para renegociar más de seis mil deudas vencidas por créditos educativos entregados por el Estado, no puede esperar.
A propósito, el Ejecutivo señaló que a través de los convenios de pago de las deudas vencidas, el país espera recuperar cerca de 50 millones de dólares.
En los próximos días, el juez constitucional Enrique Herrería, ponente de la causa, deberá preparar un proyecto de dictamen para la votación del pleno.
El decreto establece la eliminación del 100 por ciento de intereses, multas, recargos para créditos educativos, becas y ayudas económicas generados por obligaciones vencidas o por convenios de pago para todos los procesos coactivos.
Se trata de un alivio financiero directo para más de seis mil becarios que están en procesos restrictivos en la actualidad, dijo el mandatario ecuatoriano al firmar el documento.
En estos momentos, sin el funcionamiento del legislativo, el presidente está facultado para gobernar mediante decretos, pero sólo pueden ser de materia económica urgente y deben contar con el aval de la CC.
Sin embargo, analistas y líderes de organizaciones sociales manifestaron su preocupación porque Lasso aproveche los pocos meses que le quedan en el cargo para profundizar el modelo neoliberal mediante decretos y ante la ausencia de un parlamento.
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