En paralelo, el presidente español, el socialista Pedro Sánchez, recibió numerosos apoyos internacionales, además en lo interno cada vez más simpatías, pero también críticas devastadoras de figuras y políticos simpatizantes de la derecha, lo mismo que analistas de medios de prensa.
Entre ellos los respaldos a Sánchez, destacaron los de los mandatarios de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, de Argentina, Alberto Fernández, y del primer ministro de Portugal, Antonio Costa, el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, y otras personalidades como Michelle Bachelet (Chile), Gordon Brown (Reino Unido), Ernesto Samper (Colombia) y George Papandreu (Grecia), entre otros.
Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), suscribieron un manifiesto junto a otras 50 organizaciones internacionales de todo el mundo, en defensa de un gobierno progresista que apueste por la ‘integración’ europea y no por la austeridad’.
En rueda de prensa, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, aseguró que ‘sería un suicidio colectivo para España apostar por reducción el déficit y la deuda a través de políticas de recortes para justificar la bajada de impuestos a quienes más tienen’, en referencia directa a una administración conservadora (Partido Popular con extrema derecha de Vox).
Por su parte, Pepe Alvarez, líder de la UGT, apuntó que la extrema derecha está tocando a la puerta “y los sindicatos queremos cerrar la puerta”.
Están en juego el sistema de pensiones, la reforma laboral y la estabilidad del empleo, pero también las libertades, añadió.
A su turno, la secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos, Esther Lynch, consideró que las elecciones del 23 de julio no van ‘solo del futuro de España, sino también de la dirección de Europa, porque el Gobierno español es una de las influencias progresistas más fuertes de la UE’.
Ayer, en un debate televisivo quedó claro el negacionismo del mandamás de Vox, Santiago Abascal, con el cambio climático, la violencia de género, la agenda 2030 de Naciones Unidas, rechazo a la comunidad LGTBI, y contrario a la Ley de Memoria Democrática, la inmigración y la Reforma Laboral vigente.
El PP tendría que conseguir mayoría absoluta parlamentaria (176 escaños) para instalarse en solitario en el Gobierno, lo cual evitaría un pacto con Vox.
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