Según el juez de distrito Jon Tigar, de Oakland, la medida de Biden viola las obligaciones legales del país que, desde 1980, permite a los inmigrantes solicitar protección humanitaria como forma de detener los esfuerzos de deportación independientemente de cómo hayan entrado al territorio estadounidense.
Tigar bloqueó así la disposición que permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negar la acogida a los migrantes que buscan cruzar desde México sin primero presentar su aplicación online y buscar de forma previa protección de un tercer país por donde transitaron.
La sentencia no entrará en vigor de manera inmediata pues habrá que esperar la decisión de la administración Biden sobre si apelará la conclusión de Tigar.
Medios locales detallan que la normativa de la Casa Blanca, adoptada luego de la entrada en vigor del denominado Título 8, impone a los solicitantes de asilo espacio para excepciones y no se aplica a los niños que realizan su viaje solos.
Tras expirar en mayo el Título 42, una política de salud pública que permitía la expulsión exprés de los indocumentados en el contexto de la pandemia de la Covid-19, el gobierno utilizó el Título 8, que no terminó con el despido de inmigrantes.
Esa normativa, de décadas de antigüedad, puso a los migrantes irregulares frente a consecuencias aún más graves por cruzar la frontera ilegalmente.
Durante la primera mitad del año fiscal 2023 el DHS devolvió a 225 mil 483 personas, frente a 170 mil 896 durante el mismo período durante el año anterior y repatrió a más de 440 mil migrantes bajo la sombrilla del Título 42 en el mismo período.
En ese sentido, el DHS advirtió que, con el Título 8 alguien que sea expulsado de Estados Unidos está sujeto a una prohibición de admisión aquí de al menos cinco años y hasta enfrentaría un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar la frontera sin papeles.
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