Hasta ahora el mandatario envió cuatro normativas al análisis obligatorio de la Corte Constitucional (CC), requisito previsto en la Carta Magna ante la ausencia del Legislativo.
El organismo judicial aprobó solamente una de esas medidas, la reforma tributaria, pero Lasso y su equipo afirman que próximamente enviarán otras normativas al análisis de la CC.
Por esa razón, algunos candidatos a asambleístas en las elecciones del próximo 20 de agosto anunciaron que es necesario analizar las decisiones del mandatario, adoptadas sin la fiscalización de un parlamento.
Entre ellos está Bruno Segovia, quien encabeza la lista de la alianza Claro que se Puede, y señaló que aun cuando esos decretos para entrar en vigor pasan el control de constitucionalidad, deben revisarse, sin hacer una cacería de brujas.
Pierina Correa, del movimiento Revolución Ciudadana, citada por el diario El Universo, aseguró que por ley esas normativas implementadas en ausencia de un órgano legislativo deben examinarse en la próxima Asamblea.
Sin embargo, aspirantes a curules por el Partido Social Cristiano y el movimiento Reto, abogan por pasar la página y seguir adelante con otros asuntos, pues hasta ahora solamente un decreto ha recibido la luz verde de la CC.
El ministro de Gobierno de Ecuador, Henry Cucalón, indicó este lunes que en los próximos días enviarán a los magistrados una disposición sobre las acciones para enfrentar el fenómeno climático El Niño.
Ese es uno de los temas en que el Gobierno enfoca toda su fuerza, afirmó el titular en entrevista al canal Teleamazonas, donde criticó la actuación de la CC por rechazar decretos como el de la reestructuración de créditos educativos y otro para beneficiar a empresas en quiebra.
El organismo judicial consideró que esos temas no son urgentes y pueden ser tratados por la próxima Asamblea, que será electa en los comicios del 20 de agosto y deberá tomar posesión en septiembre.
En su dictamen, la CC señala que constituye un riesgo para la democracia aprobar todas las medidas propuestas por Lasso porque en un futuro los gobernantes, en un contexto de parlamento disuelto, podrían recurrir a gobernar abusivamente por fuera del Estado de Derecho.
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