Este viernes, equipos especializados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ingresaron en los CPL No. 2 (femenino) y el No. 5 (masculino) en la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Guayas y realizaron controles de armas, municiones, explosivos, droga y otros artículos prohibidos al interior de los reclusorios.
Tenemos que pacificar las cárceles del país, manifestó el presidente Lasso a través de su red social Twitter mientras compartía imágenes de los operativos donde participaron cerca de dos mil uniformados usando medios logísticos, terrestres, navales, aéreos y policiales.
La última intervención fue este jueves en la Penitenciaría del Litoral, ubicada también en esa urbe costera, donde además de armas, municiones y drogas, las autoridades encontraron una piscina de tilapias de exportación y una granja de pollos.
En ese CPL ocurrieron los más recientes enfrentamientos entre reos, el sábado 22 y domingo 23 de julio, y que dejaron un saldo de al menos 31 presos asesinados.
El nuevo episodio de violencia derivó en la renuncia del titular del Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI), Guillermo Rodríguez, quien alegó motivos estrictamente personales y familiares para su salida.
Los disturbios en El Litoral se extendieron a otras penitenciarías del país y también a las calles, principalmente de las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas.
En ese contexto, Lasso decretó, una vez más, estado de excepción en algunos territorios y también en el sistema carcelario del país por 60 días para facilitar la intervención y participación de las Fuerzas Armadas y la Policía, en coordinación con el SNAI, en las prisiones de la nación andina.
Desde 2020, las cárceles ecuatorianas son escenario de disturbios, en los cuales han muerto más de 450 privados de libertad, un hecho que el Gobierno atribuye a los enfrentamientos entre bandas rivales que disputan el control de los centros de privación de libertad.
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