Tal como viene sucediendo desde el fallido golpe de Estado de 2018, Washington apeló nuevamente al mecanismo coercitivo de las sanciones en su intento de contrarrestar medidas de la política interna nicaragüense que se apartan del guion trazado por la Casa Blanca y la OEA para América Latina.
En la última semana el sistema de justicia nicaragüense procedió a detener a un grupo de siete opositores, vinculados al intento golpista, y ahora sometidos a procesos de investigación por presuntos delitos de lavado de dinero y actos lesivos a la soberanía nacional, entre otros.
Tales decisiones judiciales se amparan en dos leyes aprobadas durante el último trimestre de 2020 por la Asamblea Nacional (parlamento, de mayoría sandinista), la de Regulación de Agentes Extranjeros y la de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
Ambos textos jurídicos constituyen un freno a las acciones de desestabilización política financiadas con dinero procedente de instituciones norteamericanas, como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
Entre las figuras punibles contempladas por la segunda de esas legislaciones están la de encabezar o financiar un golpe de estado, alterar el orden constitucional, fomentar o instar a cometer actos terroristas u otros que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación del país.
En medio de esa coyuntura política que se inscribe en el ya avanzado año electoral, chocan la posición gubernamental de defensa de la soberanía con las presiones que intentan ejercer Estados Unidos, otros países occidentales y un grupo de ex mandatarios latinoamericanos de la derecha.
En el concierto de la reacción no podía faltar la posición injerencista de la Organización de Estados Americanos, cuyo secretario general, el uruguayo Luis Almagro, solicitó el miércoles una reunión urgente en su empeño por aplicar a Nicaragua el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana.
La respuesta del gobierno nicaragüense en su comunicado de protesta por las últimas sanciones estadounidenses, reafirmó los pilares de la autodeterminación frente a pretensiones foráneas de dominación.
‘Afirmamos nuestra razón histórica, precisamente en estos días, cuando los principales promotores y actores de ese golpismo terrorista, patrocinados por los Estados Unidos y otras potencias imperiales, están ante la justicia, como ha demandado el pueblo nicaragüense’, expresa uno de sus párrafos.
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