Su custodia estaba en manos del Estado, a través de la Policía, manifestó Verónica Sarauz, la cónyugue del político, que exigió respuestas al presidente Guillermo Lasso.
En una rueda de prensa señaló que la familia recibió amenazas en las últimas semanas y por eso salió del país con sus hijos.
Insistió en que la escolta policial que acompañaba al exlegislador el pasado miércoles 9 de agosto, día del crimen, no lo protegió y, por tanto, el Estado se convierte en el responsable directo del asesinato.
“No quiero pensar que vendieron a mi esposo para ser asesinado de esa manera infame”, expresó con indignación.
Sarauz, que se presentó en la cita con casco y chaleco antibalas, no aportó pruebas concretas de esas acusaciones ni tampoco de las proferidas contra el movimiento correísta del cual Villavicencio era su acérrimo enemigo.
El expresidente Rafael Correa (2007-2017) desmintió de manera categórica tener algún vínculo con el asesinato y declaró que “quienes pretenden sembrar aún más odio con esta nueva tragedia, ojalá entiendan que aquello tan solo nos sigue destruyendo”.
Por otro lado, Sarauz manifestó su desacuerdo con la propuesta del movimiento Construye, el cual auspiciaba a Villavicencio en su intento por ocupar la silla presidencial, de proponer la inscripción de Andrea González como reemplazo del político.
Se espera que el Consejo Nacional Electoral dé una respuesta sobre si acepta o no la nueva candidata lo antes posible, pues faltan unas horas para el debate presidencial televisado, previsto este domingo 13 de agosto a las 19:00 (hora local).
El asesinato de Villavicencio conmocionó al país y trastocó un proceso electoral excepcional y anticipado, preparado en apenas 90 días y que transcurre en medio de la peor ola de inseguridad y violencia en la historia de esta nación sudamericana.
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