El Ejecutivo difundió un comunicado donde pide no politizar el asunto luego de que más temprano, este viernes, parientes de Villavicencio anunciaran una demanda contra el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso; el ministro del Interior, Juan Zapata; y el comandante de la Policía, Fausto Salinas.
En el texto, emitido por el Ministerio de Gobierno y dirigido “a la ciudadanía”, la administración nacional calificó de “inaceptable” considerar que las autoridades actuaran de forma “premeditada” para “dejar en el abandono” al candidato presidencial.
El Gobierno Nacional expresa su total rechazo a las denuncias presentadas tanto por la familia de la víctima como por un candidato a la Asamblea Nacional, y solicita que no se politice el caso, señala el documento.
A su vez, piden dar espacio al sistema de justicia para avanzar con las investigaciones y llegar a una verdad procesal.
El pasado 15 de agosto, el candidato a asambleísta del movimiento ecuatoriano Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo), Edison Carrillo, también presentó cargos contra Lasso, Zapata y Salinas por el delito de omisión dolosa en el homicidio.
La denuncia de “asesinato por omisión” ante la Fiscalía General se debe, según, los abogados de la familia Villavicencio a que el presidenciable tenía un riesgo del 97 por ciento y aún así no garantizaron su seguridad, lo cual pudiera catalogarse como un crimen de Estado.
Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de Estados Unidos, participan en la investigación que busca determinar los responsables intelectuales del homicidio ocurrido el 9 de agosto pasado, un suceso que conmocionó al país y expuso los niveles de inseguridad existentes.
El crimen ha sido catalogado como un complot político a pocos días de las elecciones presidenciales y legislativas, mientras crecen las dudas sobre las circunstancias en las que ocurrió, así como la posible participación de la policía y su equipo de seguridad.
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