La misiva del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, con propuestas para resolver las ocho exigencias de los docentes fue analizada en asambleas en todas las regiones del país y sometida a votación.
Tras el conteo de los sufragios, casi la mitad de los 50 mil participantes se pronunciaron por suspender el paro y continuar los reclamos por otras vías.
Uno de los aspectos fundamentales es el pago de la llamada deuda histórica, generada durante la dictadura militar cuando se les rebajó el salario a los educadores, lo cual impactó en el monto de las pensiones a la hora de acogerse a la jubilación.
Respecto a este punto, el Gobierno se comprometió a resolver la totalidad de los casos, empezando en 2024 por el 25 por ciento más urgente, los cuales serán determinados en una mesa conjunta de trabajo.
Por otra parte, en septiembre se pagarán los bonos atrasados correspondientes a 2018 y en octubre los del año siguiente.
También se realizará una diferenciación salarial entre los docentes generales y los profesores de párvulos.
En cuanto a la violencia dentro de los recintos escolares, habrá propuestas curriculares acerca de la solución pacífica y democrática de conflictos y campañas informativas destinadas a fortalecer la convivencia.
Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, advirtió que esperan a más tardar en noviembre el ingreso de un proyecto de ley al Congreso de la República, donde estén contenidos los compromisos gubernamentales para garantizar su cumplimiento.
Anunció, además, una próxima reunión con el titular de Educación con el objetivo de puntualizar los pasos a seguir y solucionar definitivamente la crisis en ese sector.
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