La hipótesis fiscal, que será sustanciada este miércoles por el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Luis Rivera, señala que la infracción, sobre supuesta corrupción tras el terremoto de 2016 en el país andino, se habría cometido en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Colisa de 22 kilómetros por más de 68 millones de dólares.
De acuerdo con la institución, existen los elementos de convicción suficientes que respaldarán la formulación de cargos contra Glas, quien presidía el Comité para la reconstrucción y reactivación productiva y empleo en la provincia de Manabí.
El órgano de justicia también formulará cargos contra Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa pública Ecuador Estratégico.
Según la teoría del caso, la vía Manta – Colisa no fue afectada por el terremoto de 2016, por lo que la decisión de financiarla con el dinero de la Ley de Solidaridad habría sido arbitraria.
Ante las nuevas acusaciones en su contra, el político ecuatoriano comentó que el Comité que presidió no se encargó de contratar las obras, por lo que no asignaron fondos y sería imposible que hayan cometido peculado.
De igual manera, Glas criticó que vayan a ser procesados solo él, Bernal y Ortiz, cuando en el Comité también hubo representantes de gobiernos locales y del sector empresarial. “Pero tienen que caerles a los que fueron parte del Gobierno de la revolución ciudadana”, denunció.
El pasado 11 de agosto, el juez brasileño Antonio Dias Toffoli, del Supremo Tribunal Federal (STF), anuló las supuestas pruebas que involucraron al exvicepresidente en el llamado caso Odebrecht.
El magistrado también ordenó al Ministerio de Justicia de Brasil que remita la decisión al gobierno de Ecuador a través del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Internacional.
Sin embargo, la Fiscalía ecuatoriana refutó que la condena contra Glas fue lograda en derecho y con base en abundante prueba, como lo ratificaron los jueces que conocieron la causa en sus respectivas etapas.
La institución aseguró en el documento que durante el juicio se presentaron decenas de pruebas periciales, como audios, transcripciones de conversaciones y testimonios de los sentenciados.
Glas es considerado el símbolo del “lawfare” en Ecuador, donde la persecución desatada por el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) contra seguidores del exmandatario Rafael Correa (2007-2017) obligó a muchos de ellos a exiliarse.
El antiguo vicegobernante recibió el beneficio de la prelibertad el pasado 28 de noviembre, luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos, respectivamente.
Juristas y activistas por los derechos humanos coinciden en que no existen pruebas para demostrar ninguno de los delitos por los cuales Glas es acusado.
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