Aquel viernes, en el teatro Manuel Artime de Miami, el mandatario derogó también la directiva presidencial de Barack Obama (2009-2017) sobre la normalización de los vínculos con la isla, acciones con las cuales estableció un antes y un después para ambos pueblos.
‘Estoy cancelando todo el acuerdo bilateral del último gobierno. Estoy anunciando una nueva política, como prometí durante la campaña’, dijo Trump y anunció fuertes restricciones a la entrada de divisas al país caribeño, prohibiciones sobre el turismo y una férrea aplicación del bloqueo económico.
A solo cinco meses de comenzar su mandato establecía las pautas de cómo su administración procedería con respecto a la nación vecina, pues de inmediato incrementó las limitaciones a los viajes de los ciudadanos estadounidenses.
Asimismo, indicó a los departamentos de Tesorería y Comercio que iniciaran el proceso para nuevas regulaciones en torno a Cuba, con mayores dificultades para las posibles actividades económicas con sus empresas.
Atrás quedaban las oportunidades que abrió la directiva presidencial de octubre de 2016, en la cual la Casa Blanca reconocía el fracaso de más de medio siglo de cerco económico y preveía incluso la probabilidad de comercializar en territorio norteamericano ciertos productos farmacéuticos cubanos.
El 16 de junio marcó el comienzo de otra carrera por asfixiar al país caribeño, poniendo obstáculos a sus fuentes de ingreso, a la vez que desarrollaban campañas mediáticas y subversivas en su contra.
Así lo refirió el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla antillana, que en enero de este año enumeró más de 240 medidas coercitivas unilaterales dictadas por la administración Trump en su mandato, las cuales recrudecieron el bloqueo impuesto por Washington.
Entre ellas están la creación de la Lista de Entidades Cubanas Restringidas por el Departamento de Estado, con las cuales personas sujetas a la jurisdicción estadounidense tienen prohibido realizar transacciones financieras directas.
Esa decisión tenía como objetivo obstaculizar el comercio exterior y las exportaciones de Cuba, por lo que más de 230 empresas fueron incluidas, desde hoteles hasta las relacionadas con el envío de remesas, lo que derivó en el cierre de Western Union en la nación caribeña.
También la suspensión de los vuelos a los aeropuertos cubanos, excepto a La Habana, y la eliminación de los chárteres; así como la aprobación del Título III de la Ley Helms-Burton, que permite demandar ante tribunales norteamericanos a quienes hagan uso de propiedades nacionalizadas en Cuba.
Igualmente implementaron la persecución al suministro de combustibles, además de campañas de desprestigio a los programas de cooperación médica cubana y presiones a los países que la reciben.
Bajo el pretexto de incidentes de salud sufridos por diplomáticos estadounidenses en La Habana, para los que la ciencia no ha encontrado causa e informes del Departamento de Estado norteamericano revelaron mal manejo gubernamental, cerraron los servicios consulares en la capital caribeña.
Esa decisión tuvo repercusión en la suspensión del programa de reunificación familiar y el otorgamiento de visas para las visitas y la migración ordenada y segura, pues los cubanos están obligados a viajar a terceros países para todos sus trámites.
La inclusión de Cuba en la lista de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo fue una de las últimas medidas y, quizá, de las más simbólicas, porque la actual administración, a pesar de las promesas electorales de retornar al camino anterior a junio de 2017, no la ha eliminado, como ninguna de las disposiciones de Trump.
Por el contrario, el gobierno de Joe Biden mantuvo a la isla entre las naciones que no cooperan suficientemente con los esfuerzos de Washington en esa área, mientras ‘revisa’ la política hacia su vecino, dice que no es una prioridad y, sin embargo, solicita millones de dólares para programas de subversión.
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