Según afirmó el ministro boliviano de Justicia, Iván Lima, Lizárraga admitió declarar en calidad de testigo mediante la plataforma virtual Zoom en un proceso que investiga los decretos firmados durante la gestión de Áñez para la compra de gases lacrimógenos, cuya adquisición resultó en hechos irregulares, sobreprecio y soborno.
Actualmente la citada exministra tramita su asilo ante las autoridades del país norteño, y en palabras de Lima se espera que honre su palabra y preste declaración.
En este proceso se requirió además a los excolaboradores de la mandataria que rubricaron los documentos, y el ministro Lima expresó que precisan ‘saber si fueron víctimas, cómplices o simplemente personas negligentes que firmaron lo que les pusieron enfrente’, reportó el diario El Deber.
Hoy circulan en redes sociales fotografías de la exministra Lizárraga junto al expresidente ecuatoriano Lenín Moreno y también con la exministra de ese Gobierno María Paula Romo, con quien supuestamente la ahora convocada judicialmente coordinó el préstamo para la compra de gases lacrimógenos y armamento letal en 2019 durante el gobierno de facto, según citó el diario La Razón.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Freddy Mamani, relató en Twitter que el 15 de noviembre de 2019 salió un avión militar desde su país hacia Ecuador para recoger pertrechos militares, y recordó además que el 14 de noviembre el gobierno de facto de Áñez aprobó un decreto para dar paso a las masacres.
Qué dice el expresidente Moreno al respecto, cuestionó Mamani, en tanto informó en otro tuit que contactaron ayer y hoy con parlamentarios de Ecuador, quienes ya presentaron una denuncia contra el otrora gobernante, y aclararon que esos pertrechos militares salieron de su país de manera ilegal, sin cumplir los protocoles correspondientes.
De acuerdo con reportes de prensa, dicho gobierno ecuatoriano suministró a Bolivia cinco mil 500 granadas y dos mil 949 proyectiles de distintos tipos en 2019, para apoyar una represión que causó cientos de heridos y detenidos, y la muerte a 37 personas, incluidos los asesinados en las masacres de Sacaba y Senkata.
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