Los nueve jueces de ese tribunal apoyaron el proyecto al no encontrar incompatibilidades con la Carta Magna.
Su aprobación tuvo en cuenta «las circunstancias apremiantes por las que este impuesto debe ser preservado en virtud de la situación de los recicladores de base y sus familias, a fin de proteger a uno de los grupos de atención prioritaria que dependen de esta actividad», manifestó la Corte.
Tras conocerse el fallo, el mandatario -que se encuentra en Nueva York- festejó en sus redes sociales y declaró que no sólo se protege así a los recicladores, sino que contribuirán a disminuir la contaminación ambiental.
Con esa normativa, el Ejecutivo busca crear un marco de formalidad para los casi 100 mil ecuatorianos dedicados al reciclaje, quienes recibirán con la entrada en vigor de la normativa 0,02 centavos por cada botella plástica recuperada.
Hasta el momento solamente dos de los decretos enviados por Lasso a la revisión de la Corte Constitucional bajo el carácter de económico urgente han recibido el visto bueno: una reforma tributaria y esta del impuesto a los plásticos.
El organismo judicial negó la implementación de decretos para la reestructuración de créditos educativos, la creación de zonas francas, y beneficios para empresas en quiebra.
El gobernante también envió otros dos decretos-ley sobre desastres y gestión de finanzas públicas sobre los cuales aún no se ha pronunciado la entidad de control constitucional.
Organizaciones sociales rechazan la segunda de esas iniciativas porque en su opinión atenta contra los presupuestos para salud, educación y seguridad social.
La Corte debe analizar cada una de las medidas del Gobierno luego de que Lasso disolviera el parlamento con la muerte cruzada en mayo pasado.
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