De acuerdo con la pesquisa, realizada entre 2022 y 2023 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la población de esta nación andina es de 16,9 personas, menos de lo proyectado para esta fecha.
La investigación también reveló que la población que se identifica como mestiza, indígena y montubia creció en Ecuador, mientras que quienes se consideran afroecuatorianos o blancos son menos que en 2010, cuando se hizo el estudio anterior.
Según las cifras presentadas, las mujeres son mayoría, con el 51,3 por ciento y los hombres representan el 48,7 por ciento.
Las provincias con una mayor presencia de féminas son Cañar y Azuay, seguidos de Chimborazo, que coinciden con los territorios desde donde más ecuatorianos prefirieron probar suerte e intentar llegar a Estados Unidos.
De igual forma, el censo mostró que los niños representan el 25,5 por ciento de la población y la edad promedio del país aumentó desde 2010, de 24 años a 29 años, es decir, el país tiene una población más vieja
Exdirectores del INEC consideraron que los números no son confiables y difundieron un comunicado en el cual solicitan una auditoría que debe realizarse por universidades internacionales y no por los mismos funcionarios de la entidad, porque serían juez y parte.
El país es testigo de innumerables irregularidades en el Censo de Población y Vivienda. La cantidad y gravedad de denuncias es tan delicada que compromete los resultados que se están anunciando, reveló el texto.
El exdirector del INEC Byron Villacis dijo a Radio La Calle, que normalmente es aceptable una omisión del dos o tres por ciento, pero en este caso no censaron al 15 por ciento de la población.
Por otro lado, esta semana, mientras el presidente Guillermo Lasso estaba en Nueva York en la Asamblea General de Naciones Unidas, diversos sectores manifestaron su desacuerdo con varios decretos leyes que el mandatario envió a la revisión de la Corte Constitucional.
En particular, fue evidente el rechazo por parte de las prefecturas, así como cangrejeros y pescadores, a una normativa propuesta para supuestamente mitigar los efectos del fenómeno El Niño porque, según denuncian, esconde el objetivo de privatizar playas y bahías a favor del sector camaronero.
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