A partir de esa fecha, la Fiscalía General del Estado (FGE) deberá pedir que se fije día y hora para la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio, en la que presentará su acusación y el juez del caso decidirá si los procesados van a juicio.
Este martes, la institución judicial dispuso que 25 personas, que participan dentro de la pesquisa, entreguen sus teléfonos celulares, con el fin de explotar la información que contienen. En el listado aparece Christian Zurita, quien lo reemplazó como candidato a la jefatura del Ejecutivo por el movimiento Construye, y el exministro del interior y asambleísta electo, Patricio Carrillo.
Mientras tanto, otras 13 personas son indagadas como presuntos autores materiales del hecho, aunque hasta el momento no hay rastro de los autores intelectuales.
El pasado 28 de septiembre, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, anunció que ofrecerían hasta cinco millones al ciudadano que brinde información que conduzca al arresto, o condena, de las personas responsables del asesinato de Villavicencio.
La acción formó parte del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (Tocrp, por sus siglas en inglés), que Estados Unidos tiene vigente desde 2013.
A propósito, el comandante de la Policía ecuatoriana, Fausto Salinas, reveló que en los próximos días, el presidente Guillermo Lasso presentará oficialmente el Plan de Recompensas del país andino. Salinas aclaró que el de Villavicencio será el primer caso.
Villavicencio fue asesinado a tiros el 9 de agosto de este año en Quito cuando salía de un mítin de campaña.
El sicario que le disparó falleció ese mismo día poco después de los sucesos debido a los impactos de bala que recibió por parte del equipo de seguridad del político.
El movimiento Revolución Ciudadana (RC) pidió a la Fiscalía celeridad y transparencia para resolver el caso y anunció que su bancada en el legislativo propondrá la creación de una comisión para fiscalizar la investigación del crimen.
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