Esa política permitió que se repitan los crímenes de lesa humanidad, dijo el también jefe de justicia transicional de Cristosal, al abordar las reiteradas denuncias a las violaciones de derechos humanos, las cuales, opinó, son una constante desde la aplicación de esta iniciativa de Estado.
En entrevista con Radio YSUCA, el directivo aseguró que la tortura en los centros de detención y otro tipo de vulneraciones se convirtieron en una constante, a pesar de la negación de parte de las autoridades de seguridad.
«Con el régimen de excepción volvimos a tener un escenario de violaciones masivas a los derechos humanos, que incluye la instauración de la tortura como política de seguridad, de Estado”, puntualizó.
Por eso hablamos que se están repitiendo los crímenes de lesa humanidad, justamente porque no se atendió la agenda de justicia y reparación que debió considerar el Estado de El Salvador después del conflicto armado interno, mencionó.
Con el régimen de excepción volvimos a tener un escenario de violaciones masivas a los derechos humanos, que incluye la instauración de la tortura como política de seguridad, aseveró, algo que negó esta semana el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
El titular abordó las críticas de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos como Cristosal y señaló que ellos siempre van a generar “cuentos” para atraer lo que le hemos quitado, “vivir de la sangre de los salvadoreños”, afirmó.
Villatoro desmintió y negó la existencia de torturas en las cárceles, elementos que son documentados por organizaciones defensoras de los presuntos pandilleros y colaboradores.
Morales por su parte aseguró que estos crímenes no prescriben y que los funcionarios que los cometen pueden ser acusados en una corte penal internacional. “Desde el 2015, El Salvador es un Estado parte de los estatutos de Roma y por los hechos que sean crímenes los responsables pueden ser juzgados», dijo.
El régimen de excepción se mantiene vigente desde el 27 de marzo de 2022 y, según las autoridades, bajo esta medida detuvieron a cerca de 73 mil personas, de lass que fueron liberadas siete mil, mientras organizaciones civiles sostienen que casi 200 personas murieron en prisión.
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