Ese grupo poblacional continúa sin poder organizarse libremente, creer y hablar al tiempo que sufre las consecuencias de limitantes sociales, aseguró recientemente Reem Alsalem, relatora especial de la ONU sobre esa problemática.
«Las mujeres y las niñas siguen siendo asesinadas por razón de su sexo y género, siendo más vulnerables al feminicidio cuando el hecho de ser mujeres y niñas se cruza con otros motivos o identidades», dijo este jueves la experta ante la Tercera Comisión de la Asamblea General reunida en Nueva York.
Los retrocesos coinciden con las múltiples crisis provocadas por guerras, el cambio climático, la pobreza y el azote de la pandemia de la Covid-19.
Justo en la mitad del camino trazado para la Agenda 2030 estos factores tienen un claro impacto y afectan de manera desigual a esas poblaciones.
El cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) cinco está en riesgo cuando casi la mitad de las mujeres casadas carecen actualmente de poder de decisión sobre su salud y sus derechos sexuales y reproductivos, de acuerdo con datos de la relatora.
Mientras la ONU plantea como un meta la eliminación de prácticas nocivas como los matrimonios precoces o forzados y la mutilación genital femenina, cerca de 736 millones de personas son víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja, o de violencia sexual por parte de una persona no vinculada.
Esta cifra ha permanecido prácticamente invariable en la última década, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, contrario al propósito de poner fin a todas las formas de discriminación y violencia contra el sector.
Otros datos confirman que la violencia infligida por la pareja es la forma más común con unos 641 millones de mujeres afectadas en todo el mundo mientras que las más jóvenes están especialmente expuestas.
Una de cada cuatro mujeres de entre 15 y 24 años es violentada a manos de su pareja cuando alcanza la veintena, sin embargo, la ruta trazada por la ONU aspira a adaptar y reforzar las legislaciones para promover la igualdad de género y la autonomía femenina.
«En algunos países, hemos sido testigos de preocupantes regresiones en su capacidad para acceder a la educación, moverse libremente y acceder a la salud sexual y reproductiva”, explicó Alsalem al reconocer que «no estamos ni cerca de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número cinco».
La igualdad de género no puede lograrse sin garantizar el disfrute de sus derechos humanos fundamentales y participar en la sociedad en igualdad de condiciones y sin discriminación, insistió la relatora.
En ese sentido, reconoció lo adverso del contexto cuando 50 países tienen leyes de nacionalidad que contienen disposiciones discriminatorias por razón de género.
En tanto, en otras 24 de esas naciones se niega a las féminas el derecho a conferir la nacionalidad a sus hijos en igualdad de condiciones con los hombres.
La discriminación por razón de sexo y género en este tipo de normativas es una de las principales causas de la apatridia, reclamó Alsalem.
«No nos equivoquemos; la apatridia y las leyes de nacionalidad discriminatorias por razón de sexo equivalen a violencia contra la mujer, ya que constituyen formas graves de discriminación, tal como se definen en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer», enfatizó.
La situación del ODS cinco reúne reclamos del organismo multilateral y sus expertos para defender el espíritu y el significado de las obligaciones fundamentales en materia de derechos humanos y lograr la meta de la igualdad; más necesaria ahora que nunca.
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