De acuerdo con el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional aquí, la medida era incompatible con la Constitución al eliminar cuentas por cobrar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sin justificación técnica alguna.
En su dictamen, la Corte recordó a Lasso que los decretos de urgencia económica que se envíen al organismo deberán remitirse con el tiempo suficiente para realizar el control previo de constitucionalidad. De no ser así -señaló la institución- a la Corte no le sería posible ejercer con oportunidad el control constitucional respectivo.
El decreto ley fue enviado por Lasso el pasado 5 de septiembre, en el marco de las atribuciones que tiene el Ejecutivo tras la activación de la muerte cruzada en el país andino, método con el cual disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones generales anticipadas.
Entre las medidas que proponía el gobernante con el decreto de finanzas públicas constaba el cambio de la fórmula de cálculo para el incremento de asignaciones presupuestarias a los sectores de educación y salud, basándose en el presupuesto devengado del año previo.
El documento disponía que el Estado contribuyera con el 33,33 por ciento al fondo solidario tripartito del IESS para el tratamiento de enfermedades catastróficas.
Además, se planteaba prohibir el cobro de intereses y/o multas generadas por el no pago oportuno de bienes, servicios adquiridos, así como contribuciones periódicas, aportes, cuotas y/o inscripciones, siempre que esto ocurriera entre entidades públicas que forman parte del Presupuesto General del Estado.
La iniciativa del presidente ecuatoriano fue rechazada por diversos sectores, como maestros, trabajadores, afiliados y jubilados del IESS, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), entre otros.
En este sentido, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y asociaciones de pensionistas y afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) alertaron que el Gobierno buscaba vulnerar sus derechos con esa medida que, de entrar en vigor, eliminaría los intereses de la deuda del Estado con el IESS en un 40 por ciento.
También reduciría la responsabilidad del Ejecutivo de atender integralmente a pacientes con enfermedades catastróficas.
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