La diligencia incluyó la presentación de elementos por parte de la Fiscalía contra el burgomaestre y otros seis funcionarios de la alcaldía, así como el pedido de prisión preventiva para los investigados, para garantizar su asistencia a las etapas del proceso, lo cual no fue aceptado.
Según indicaron los acusadores, la adquisición irregular de 100 mil pruebas antiCovid-19 habría ocasionado daños al estado por un monto de 4,2 millones de dólares.
De su lado, los equipos legales de los involucrados, también ofrecieron sus exposiciones y argumentos.
Durante esa primera parte, la Corte determinó imponer medidas sustitutivas como prohibición de enajenar bienes por hasta un valor de cinco millones de dólares y de salida del país y presentación periódica ante el ente competente.
También dispuso el uso de grillete electrónico para el alcalde y los servidores identificados como Linda G., Daisy H. y Erik A.
La secretaria de Salud del Municipio, Ximena Abarca, y los funcionarios Jéssica C. y Marco R., sí deberán enfrentar prisión preventiva.
Horas antes del inicio de la diligencia, Yunda afirmó en su cuenta en Twitter: ‘Mañana es la audiencia de vinculación por la adquisición de pruebas Covid que protegieron a los quiteños. Tengo la conciencia tranquila, nuestro siguiente paso, conseguir vacunas para Quito. Si tengo que ir preso por salvar vidas, me iré con la frente en alto!’.
Asimismo, insiste en que no incurrió en ningún delito o algo ilícito en su vida y manifestó disposición a colaborar con la justicia.
En ese contexto, recalcó que junto a otras autoridades durante la pandemia la lucha ha sido por salvar vidas de los capitalinos.
A partir de esta jornada, la instrucción fiscal queda extendida por 30 días.
Quito es la ciudad de Ecuador con mayor incidencia de contagios por la enfermedad y mantiene hasta la fecha un acumulado de 86 mil 763 casos positivos, de acuerdo con las cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública.
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