Por Zeus Naya
Corresponsal jefe en Guatemala
“Actualmente seguimos sin que se elijan magistrados de cortes de apelaciones y demás tribunales de igual categoría y de la Corte Suprema de Justicia”, explicó la también abogada y defensora sindical, experta en derechos humanos.
Esto derivó -añadió- en la prolongación de funciones de los actuales magistrados, lo que viola el texto constitucional, no obstante, fue legitimado por la propia Corte de Constitucionalidad (CC).
Ello -amplió- bajo el argumento de que no hay responsabilidad del Congreso de la República ya que siempre se agenda la elección como último punto, pero no se logra discutir.
Amézquita ejemplificó como otro factor, el mismo hecho que los magistrados de la CC jurisprudencialmente se blindaron con inmunidad e impunidad.
Asimismo, expuso que el presidente del país, Alejandro Giammattei, desmanteló la institucionalidad creada durante los Acuerdos de Paz (1996) y que en su momento concentró los poderes del Estado de facto.
Sin embargo, no son esos los problemas por lo que se convoca a manifestaciones o se manifiestan, acotó la dirigente del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco en referencia a las acciones convocadas por líderes aborígenes.
Lo peligroso de toda esta situación -advirtió- es que se nos encamina a una sociedad totalitaria, los discursos de odio, de descrédito y ataque a la dignidad humana marcaron el proceso electoral de los últimos ocho años.
Más el último, consideró, pues “actualmente cualquier persona que no siga el guion es calificada de ser parte de un pacto de corruptos y enemigo social”, remarcó la máster en Derechos Humanos.
Se publican en redes sociales listas con las direcciones donde residen funcionarios públicos, se dirigen las manifestaciones a esos lugares y se llama al uso de la violencia contra ellos, señaló.
Habló de grupos operando aparatos de escuchas ilegales que llegan al mismo mandatario de la nación, con acceso a información sensible obtenida mediante procedimientos que no están bajo el marco de la ley.
Hacen llamados a la violencia en todos los niveles, cuando tal comportamiento nunca llevó paz a los pueblos, tampoco justicia, reflexionó la analista.
Esto a la vez –subrayó- provocó que grupos paramilitares y de derecha extrema se reposicionen, los ultraconservadores y todos aquellos sectores cuyas acciones e ideas no son compatibles con la democracia y el sistema constitucional.
POR QUÉ LAS PROTESTAS ACTUALES
En su diálogo con Prensa Latina, Amézquita planteó que existe indudablemente un malestar generalizado en la población por la corrupción, la impunidad y por las causas que provocan la desigualdad e injusticia social.
Principalmente -aseveró la experta- por la ausencia de un Estado constitucional de derecho que actualmente se pone en evidencia más que nunca.
“No obstante, las manifestaciones y bloqueos de estos más de 20 días en Guatemala no tienen su raíz en esa preocupación generalizada en toda la ciudadanía”, opinó.
Argumentó lo anterior sobre cuatro preguntas, la primera qué piden quienes participan en las protestas, y la respuesta –según lo dicho por ellos- es «la remoción de un juez y tres fiscales», reiteró.
La segunda, por qué piden estas renuncias, “porque el Ministerio Público inició unos procesos penales cuyo contralor jurisdiccional es el juez del cual también piden la destitución”, contó.
La tercera, qué procesos penales motivan los requerimientos de dimisión de dichos funcionarios, «aquellos que tienen que ver con la inscripción de un partido político específico (Movimiento Semilla)», detalló la abogada.
La última pregunta, cuál es la finalidad de pedir estas renuncias, “y la respuesta que parece ser evidente no lo es”, precisó.
Aunque por el discurso parezca ser la impunidad para Semilla y para el presidente electo (Bernardo Arévalo), que es una parte, en el fondo se busca que este al asumir el poder pueda nombrar su propia fiscal general, estimó.
De tal modo, observó, podría hacer lo que con las últimas fiscales, garantizar la impunidad para los propios, desarticular partidos políticos, estigmatizar y perseguir a la disidencia e imponerse ante los diputados del Congreso.
Igualmente, ante cualquier otra autoridad mediante la criminalización y persecución penal, “es decir, lo que no se logró en las urnas, porque no obtuvieron mayoría parlamentaria ni representación significativa”, enfatizó la analista.
¿RIESGOS PARA LA TRANSICIÓN DE GOBIERNO?
“No lo creo, el presidente electo goza desde su candidatura del apoyo de las principales cámaras empresariales y de buena parte del Cacif (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras), acentuó Amézquita.
A su juicio, goza además del apoyo de Estados Unidos; tampoco su plan de gobierno pretende cambiar el statu quo, combatir la desigualdad, la injusticia social, mejorar el empleo o una política de trabajo digno.
En esa línea incluyó el cambio al sistema tributario, dirigir en alguna medida la economía, eliminar los privilegios fiscales, productivos y de toda índole de que gozan los sectores empresariales.
Incluso -recalcó- dar un vuelco a estándares sociales mínimos que caracterizarían, sino un Estado social de derecho, al menos uno democrático y constitucional.
Por otro lado, dijo la experta, tampoco su asunción al poder tiene una relevancia significativa ya que Arévalo no cuenta con la mayoría de los diputados del Congreso para poder llevar a cabo una política independiente.
Los propios apoyos de que ahora goza condicionan su gestión al no producir cambios estructurales, destacó la dirigente del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco.
Lamentó finalmente Amézquita de todo este escenario “que las condiciones de vida de la población están siendo más precarizadas y a la misma se le ha dejado en condiciones de vulnerabilidad e indefensión”.
arb/znc
