La propuesta fue adoptada con el voto a favor de los 33 consejeros del extremista Partido Republicano y de la coalición de derecha Chile Vamos, en tanto que los 17 miembros de la centro izquierda se pronunciaron en contra.
“Evidentemente, este texto, al excluir a tantos y a tantas, pone en riesgo la estabilidad social y política de nuestra patria”, afirmó el representante del Partido Socialista, Alejandro Köhler.
Mientras, Paloma Zúñiga, de Convergencia Social, advirtió que el texto es contrario a los derechos de las mujeres.
El proyecto atenta contra la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, inviabilidad fetal y peligro para la vida de la madre.
También se opone a la negociación colectiva de trabajo, el derecho a huelga y la libertad sindical e intenta beneficiar a las instituciones de salud privadas, que han convertido este servicio en un negocio.
En opinión de dirigentes políticos y sociales, la propuesta de carta magna es peor que la vigente, la cual fue impuesta en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Sus defensores, en cambio, afirman que el texto pone el énfasis en temas de interés para la población como la seguridad, el enfrentamiento al terrorismo y la migración irregular.
Una encuesta publicada la víspera señala que 51 por ciento de los chilenos rechazaría la ley fundamental, 34 de cada 100 lo aprobaría y 15 por ciento no sabe o no responde.
La propuesta será entregada en una ceremonia el 7 de noviembre al presidente Gabriel Boric, quien deberá convocar a un plebiscito con voto obligatorio para el 17 de diciembre donde la ciudadanía tendrá la última palabra.
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