El texto, apoyado por trigésimo primera ocasión, recibió dos votos en contra (Estados Unidos e Israel) y un Estado miembro se abstuvo (Ucrania).
La resolución reconoce al cerco como el elemento central de la política de los Estados Unidos hacia Cuba por más de seis décadas.
Sus efectos no han cesado ni un solo día y son conocidos por el 80 por ciento de la población de la isla que solo conocen un país con bloqueo.
Los daños provocados por esa política entre el 1 de marzo de 2022 y el 28 de febrero de 2023 ascienden a cuatro mil 867 millones de dólares.
Dicha cifra refleja el recrudecimiento sobre las exportaciones cubanas, principalmente en el sector turístico; la despiadada persecución a las operaciones bancario-financieras del país; los costos por reubicación geográfica del comercio; las afectaciones a la producción y los servicios a la población; así como los obstáculos para acceder a tecnologías de avanzada.
En total, los perjuicios económicos en base a precios corrientes superan los 159 mil 84,3 millones de dólares, y a más de un billón 337 mil tendiendo en cuenta el comportamiento del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional.
Las afectaciones por el compendio de medidas sobrepasan los 405 millones mensuales, que equivalen a un millón de dólares cada dos horas.
El reporte presentado a la Asamblea General por el secretario general de la ONU, António Guterres, reconoce la continuación de esta política contra Cuba y su inclusión en la lista de estados patrocinadores del terrorismo como acciones incompatibles con un sistema internacional basado en el derecho.
La actuación de Estados Unidos es una manifestación flagrante del ejercicio del poder político y económico en clara violación de los derechos humanos, incluido el acceso al desarrollo.
Los efectos de estas disposiciones son tan obvios como inadmisibles según la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, agrega el texto también puesto a disposición de los Estados miembros.
De acuerdo con el informe, la situación del país caribeño no hace más que confirmar la necesidad de desmantelar las medidas coercitivas unilaterales, que socavan los derechos soberanos, la realización de los derechos humanos y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La ONU convocó en ese sentido a los países firmantes de la resolución a mantener los esfuerzos para poner fin a la injusta negación del derecho de Cuba a la autodeterminación y al desarrollo.
ro/ebr
