La polarización del país y el contexto de la amenaza terrorista, tras el asesinato en Arras el mes pasado del profesor Dominique Bernard por una persona radicalizada con el derecho de asilo rechazado, marcan el escenario de las discusiones de un texto que llegará en diciembre a la Asamblea Nacional.
El gobierno, en voz del ministro del Interior, Gérald Darmanin, expresó el interés de no imponer la ley mediante la aplicación del artículo 49.3 de la Constitución, que permite adoptar proyectos sin el voto parlamentario, pero el futuro de la iniciativa es incierto para un oficialismo que perdió la mayoría absoluta en la Asamblea.
De momento la batalla parece centrada en el artículo tres, el cual prevé la visa renovable para los trabajadores sin una condición regular en el país para profesiones “en tensión” por la falta de mano de obra, un punto al que se opone la derecha tradicional.
La víspera, en declaraciones a la televisión pública (France2), Darmanin defendió la nueva ley, argumentando que protegerá al país de “extranjeros delincuentes” y asumirá a quienes quieran “integrarse”.
En vísperas del comienzo de las discusiones en el Senado, el titular insistió en que el texto será de un cierre contra la inmigración irregular y los traficantes de personas.
Asimismo, aseguró que el proyecto es justo en su contenido, a partir del principio de “no poner a todo el mundo en el mismo saco”, con la voluntad de escuchar a quienes quieran “integrarse, trabajar y vibrar con la Marsellesa”.
La iniciativa se presagia polémica, ante la presión de la derecha de una mano dura con la inmigración, en un contexto de amenaza terrorista, y de sectores que respaldan el derecho de los seres humanos a buscar una vida mejor.
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