En una conferencia de prensa ofrecida este lunes aquí, los representantes de las administraciones provinciales rechazaron las declaraciones que más temprano realizó el ministro de Economía, Pablo Arosemena, quien aseguró que han bajado la deuda al 55 por ciento.
Somos el gobierno que ha hecho más esfuerzos para poner en orden la economía, manifestó el funcionario.
No es cierto, no están al día, reprochó el prefecto de la provincia de Pastaza, André Granda durante el encuentro y alertó que, si el Ejecutivo no salda la deuda con los territorios, se paralizará la obra pública, no podrán pagar a los contratistas sus salarios, pues dependen en gran medida de las transferencias del gobierno nacional.
Entendemos la crisis económica y la realidad del país, ya hemos tomado medidas, pero tenemos una deuda de dos meses y eso nos afecta a todas las jurisdicciones, en particular a las pequeñas en población y grandes en territorio, dijo.
Por su parte, el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando recordó que el atraso en los pagos supera los 563 millones de dólares, valores usados para riego y drenaje que se requieren hoy más que nunca ante el fenómeno El Niño.
Hubo compromisos asumidos en 2021 que no se han hecho efectivos. Demandamos que en este proceso de transición el gobierno reconozca las deudas y establezca un plan de pago, exigió.
Entretanto, la prefecta de Pichincha y presidenta del Congope, Paola Pabón, reiteró la preocupación de las prefecturas por la negativa del Gobierno Nacional de pagar la deuda histórica a las administraciones locales.
Solicitamos de manera inmediata las transferencias de septiembre y octubre que son 129 millones de dólares, reclamó Pabón.
Los directivos provinciales ecuatorianos advirtieron que, si el Ejecutivo no responde a sus demandas en 48 horas, realizarán una marcha frente al Palacio de Carondelet (sede de Gobierno) el próximo miércoles.
Una de las preocupaciones de las autoridades provinciales es la falta de insumos para enfrentar situaciones de contingencia, como el evento climático El Niño.
Con recursos cada gobierno provincial o municipal podrá dinamizar y responder de manera rápida ante una eventual emergencia con el alquiler, contratación de maquinaria y materiales, advirtieron los líderes de las administraciones locales.
Asimismo, señalaron la falta de recursos para implementar planes de seguridad y contra la ola de violencia por la que atraviesa el país.
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