El presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo de la Unión Nacional de Juristas, Yuri Pérez, manifestó que un paso esencial en ese proceso fue la promulgación de la nueva Constitución de 2019, la cual regula un amplio catálogo de derechos y libertades.
Al intervenir en la presentación del informe de la nación antillana al cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Pérez añadió que esa carta magna también establece un sistema de garantías que permite el amparo y defensa de los derechos humanos consagrados en el ordenamiento jurídico.
Indicó que el sistema político cubano es genuinamente popular, y mencionó como muestra de ellos los diversos mecanismos democráticos, representativos y deliberativos directos, a través de los cuales la sociedad civil participa de forma activa en la toma de decisiones políticas.
El jurista señaló que desde el anterior EPU realizado por el país caribeño en 2018 se efectuaron en la isla dos consultas populares, dos referendos nacionales y varias consultas especializadas.
Al responder a las intervenciones de algunos países sobre el informe cubano, Pérez reiteró que las elecciones en la nación antillana son libres, democráticas y transparentes, con un sistema que carece de barreras, voto voluntario y ciudadanos con derecho a elegir y ser elegidos desde los 16 y 18 años de edad, respectivamente.
También remarcó que Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, donde se reconcen y respetan los principios de supremacía constitucional y de legalidad; y recordó que la Constitución consagra la laicidad y prohíbe la discriminación por motivo de creencias religiosas, en un territorio donde existen cerca de mil 850 instituciones de ese tipo y fraternales, con una membresía aproximada de un millón 500 mil personas.
Por su parte, Kenia Vasallo, asesora del Ministerio de Justicia, resaltó la efectividad y utilización del Código de las Familias aprobado el pasado año, al amparo del cual ya se formalizaron mil 312 matrimonios entre personas del mismo género y 84 uniones de hecho afectivas, al tiempo que se realizaron 282 pactos patrimoniales y 39 delegaciones de responsabilidad parental, entre otros datos.
Además, mencionó la participación de las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos en el diseño e implementación de políticas públicas, y precisó que existen dos mil 251 asociaciones registradas en el país y un amplio espectro de movimientos sociales, redes comunitarias y proyectos de distinta naturaleza.
Igualmente afirmó que Cuba mantiene una política de tolerancia cero respecto a la trata de personas en cualquiera de sus smodalidades y refuerza el enfrentamiento y la prevención a esos flagelos y sus delitos conexos.
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