Para la socióloga y comunicadora Irene León existe una provocación en marcha y alertó sobre la presencia militar estadounidense en la zona en disputa con el objetivo de proteger a las empresas petroleras allí presentes de forma ilegal.
En una charla este miércoles en Quito, la también miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad se refirió a cómo Guyana y la compañía ExxonMobil registraron en los últimos años un enriquecimiento inédito.
En ambos casos la bonanza proviene de la explotación petrolera ilícita en el Esequibo, un territorio que Reino Unido siempre ambicionó y Estados Unidos colocó bajo su eje con la Doctrina Monroe, que este 2023 cumple 200 años, señaló León.
Calificó como ilegales las intenciones del gobierno guyanés, de la mano del complejo militar industrial estadounidense y la ExxonMobil, de buscar ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la anulación del referendo que el próximo 3 de diciembre tendrá lugar en Venezuela.
El también analista e historiador René Maugé coincidió en la importancia de la consulta popular, con la cual Caracas busca la aprobación de la ciudadanía para seguir protegiendo, apegado al Derecho Internacional, sus derechos legítimos e históricos sobre la Guayana Esequiba.
Maugé tildó de “despojo imperial” lo que intentan hacer con la zona en controversia, de casi 160 mil kilómetros cuadrados.
Alertó sobre la amenaza que representa ese conflicto para la estabilidad de América Latina y el Caribe y consideró que ante la pérdida de hegemonía a nivel mundial, Washington se enfoca en esta región, a la cual aún considera su patio trasero.
Ante representantes del cuerpo diplomático, miembros del Legislativo recién electo, e integrantes de organizaciones sociales y de solidaridad, el viceministro para América Latina de la cancillería venezolana y el cónsul general de Venezuela en Ecuador, Pedro Sassone, explicaron el trasfondo del dilema.
Consideraron una violación al derecho internacional y de la Constitución venezolana la decisión de Guyana de acudir a la CIJ a solicitar que se dereguen tres de las cinco preguntas de la consulta popular e insistieron en que la República Bolivariana no reconoce la jurisdicción de ese organismo.
npg/avr
