La última de las víctimas, la 207, Juan Carlos Bonilla Quintanilla, de 39 años, murió mientras recibía asistencia médica en el Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana y estaba recluido en el centro penal de Izalco, Sonsonate.
Según fuentes policiales, el recluso fue detenido bajo el régimen de excepción como muchos salvadoreños acusados por presunta pertenencia a las pandillas o ser colaborador.
Tras su deceso, la Policía Nacional Civil (PNC) no informó sobre las causas, aunque son frecuentes las denuncias de torturas y violaciones de derechos humanos en los recintos penales salvadoreños.
De acuerdo con el Movimiento de Victimas del Régimen (Movir), en lo que transcurrió de noviembre ya son cuatro los fallecidos en instalaciones gubernamentales.
El de Bonilla fue el segundo deceso el viernes en ese centro médico, antes falleció Deysi Yolanda Reinosa Ascensio, de 40 años, también capturada bajo el régimen de excepción.
Entre los 207 fallecidos se cuentan dos recién nacidos, según informes de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
Las causas de los decesos son un misterio, pues entre los meses de agosto y octubre, la Dirección General de Centros Penales (DGCP) no permitió el ingreso de médicos forenses para verificar la salud de privados de libertad.
Respecto a los decesos, Andrés Guzmán Caballero, comisionado presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión, afirmó en la última semana que Movir debe presentar casos concretos con lista de víctimas y cuáles son cada uno de los casos para poderles ayudar; de lo contrario, no tenemos nada que hacer en una reunión, agregó.
“No hay un salvadoreño al que no se le garanticen los derechos humanos, hay casos aislados y cada caso se verá independientemente”, subrayó el funcionario.
Sin embargo, las muertes y las condiciones que enfrentan los reos en las cárceles son un misterio, sobre todo, cuando hay evidencias de presuntas prácticas de torturas y maltrato a los prisioneros.
lam/lb
