En una conferencia de prensa ofrecida este martes, la Conaie reiteró que la medida constituye un triunfo de la lucha de los pueblos indígenas y demostró que el gobierno de Guillermo Lasso usó un decreto ilegal para instaurar concesiones mineras a la fuerza, violando derechos humanos y colectivos, mencionaron.
El presidente de la Conaie, Leónidas Iza destacó que dentro del análisis realizado por la CC se determinó que, el Decreto Ejecutivo confunde y viola los estándares de los derechos a la consulta ambiental ciudadana y a la consulta previa y libre de los pueblos y nacionalidades indígenas.
La corte, una vez más, llamó la atención a la Asamblea Nacional (Parlamento) y dispuso el plazo máximo de un año para que dicho órgano emita una ley de consulta previa, libre e informada, así como la consulta ambiental acorde a los más altos estándares de protección a los derechos colectivos de las comunas, pueblos y nacionalidades indígenas, resaltó Iza.
Asimismo, el líder indígena alabó la determinación de que el Estado sea quien realice el proceso de consulta ambiental, y no las empresas mineras.
Las mineras no podrán continuar los procesos ilegales, cualquier intención de avanzar con los proyectos debe ser desde cero en relación con la consulta previa o ambiental, en caso de que esas compañías quieran actuar en contra a lo establecido por la Corte, tomaremos medidas de resistencia a nivel nacional, advirtió.
Los pueblos y nacionales -dijo- unidos a los sectores campesinos y organizaciones aliadas, construiremos un proyecto de ley de consulta previa e informada y exhortamos al Parlamento a dar trámite con celeridad y responsabilidad para evitar la violación de los derechos humanos, alertó Iza.
El pasado 17 de noviembre la Corte ecuatoriana falló en contra del decreto minero que reformaba el reglamento al Código Orgánico de Ambiente en relación con la aplicación de consultas ambientales para proyectos extractivos.
De acuerdo con el órgano de justicia, la normativa es inconstitucional ya que transgrede el principio de reserva de ley consagrado en la norma suprema.
En varias ocasiones indígenas y colectivos sociales se pronunciaron contra la normativa, firmada por el presidente Lasso el pasado 31 de mayo, por considerar que viola los derechos de las comunidades afectadas por la actividad minera.
Hace meses, en algunas localidades, como Las Naves y Sigchos, en las provincias de Bolívar y Cotopaxi, respectivamente, los habitantes protestaron contra las consultas ambientales amparadas en ese decreto y eso generó enfrentamientos de indígenas y campesinos contra policías y militares.
A raíz de los sucesos, el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, repudió los choques violentos en dichas localidades y los catalogó como un retroceso preocupante en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, que deben ser escuchados y no reprimidos.
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