La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica de El Salvador lamentó en reciente rueda de prensa que este país sea el único de la región sin adoptar el mencionado instrumento jurídico internacional.
El protocolo de marras prohibe el maltrato por parte de agentes del Estado contra cualquier persona, y obliga a tomar medidas efectivas para prevenir tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes bajo su jurisdicción. David Ortiz, colaborador jurídico de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), advirtió que este problema debe ser tomado en serio y enfocado desde la propia educación.
‘Nos tenemos que educar, (el protocolo) habla, por ejemplo, de cambios curriculares de enseñar sobre la tortura’, señaló Ortiz, quien abogó además por mecanismos para monitorear estos maltratos en el país.
Según la mencionada Comisión, durante el conflicto armado (1980-1992) se dieron miles de casos de torturas sin que el Estado salvadoreño implementara medidas para reparar a las víctimas, pese al aval constitucional.
‘El Salvador tiene más de 30 mil reclusos y no se sabe exactamente qué es lo que está pasando dentro de estas cárceles con los detenidos’, alertó a su vez Miguel Montenegro, director de la Comisión nacional de Derechos Humanos.
En este contexto, los activistas demandaron tanto a la Asamblea Legislativa como a la Presidencia de la República ratificar el protocolo contra la tortura, reparar a las víctimas y garantizarles que estos crímenes no se repetirán.
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