La normativa, que recibió el visto bueno de 123 legisladores, crea y regula la prestación de servicios de protección de personas, bienes muebles e inmuebles y valores, así como la formación y capacitación de los trabajadores de este sector.
El vicepresidente de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada del Ecuador (Fenaspe), Diego Arroyo, participó en la sesión parlamentaria y manifestó que “esta Ley es un anhelo de muchos años, ya que la norma vigente se ha convertido en una herramienta para la precarización laboral”.
La asambleísta de la Revolución Ciudadana Paola Cabezas fue una de las que intervino en el debate y se refirió a cómo el texto legislativo garantiza los derechos laborales de los más de 180 mil guardias de seguridad para frenar abusos y explotación.
Desde el pleno de la Asamblea se instó a la responsabilidad respecto a los permisos de porte de armas, la capacitación y el rol de supervisión del Estado.
La disposición deberá ser enviada al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para su revisión y en caso no recibir ningún veto, ser publicada en el Registro Oficial.
Se espera que la entrada en vigor de la disposición contribuya al enfrentamiento a la ola de violencia existente en Ecuador, donde el narcotráfico y el crimen organizado han disparado la tasa de homicidios hasta valores que pueden dejar este año al país como uno de los más violentos de Latinoamérica, según estimaciones.
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