Esta semana, autoridades de instituciones como el Servicio de Rentas Internas (SRI), el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Turismo, entre otras, acudieron a la sede parlamentaria para debatir los principales puntos de lo que en la práctica es considerada una reforma tributaria.
Uno de los temas más polémicos es la propuesta de remisión de deudas, que de ser aprobada condonaría los pagos de aranceles pendientes de grandes corporaciones, como el Grupo Noboa, de la familia del presidente de la República, que debe al SRI casi 90 millones de dólares.
Aunque, el objetivo de Noboa y su equipo con el proyecto es estimular la economía y la creación del empleos, el experto Marco Flores explicó a Radio La Calle que la normativa tal y como está no se aproxima “ni de lejos” a cumplir su propósito de aumentar los ingresos de las arcas del Estado.
Flores, que fue ministro de Economía, apuntó que este proyecto “regala 900 millones de dólares en remisiones tributarias”, lo cual constituye “una bofetada a quienes pagaron a tiempo los impuestos, a los ciudadanos y empresas que se esforzaron por tener todo en regla”.
Por su parte, el abogado y analista Mauro Andino comentó que si la reforma no cuida los intereses del mayor número de ciudadanos y, al contrario, promueve «incentivos» para grupos económicos poderosos, los legisladores tienen la obligación ética y moral de corregirlo, apoyar lo positivo y rechazar lo perjudicial para la colectividad.
El Legislativo tiene hasta fines de diciembre para aprobar, modificar o negar la iniciativa que de ser aceptada en la Comisión este viernes, pasaría al pleno.
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