Carlos García Saade, presidente de Arena, Óscar Ortiz, secretario general del Frente Farabundo Martí y Andy Failer, presidente de Nuestro Tiempo, lamentan que el Ministerio de Hacienda no otorgó a sus partidos dichos recursos y argumentan que ello incide en sus campañas electorales.
Incluso, hace varias semanas Ortiz dijo que de persistir esa situación, la agrupación roja analizaría si retira su apuesta por la presidencia del país.
No puede ser que hoy venga otra elección y no nos hayan dado la deuda política, si no mejor que la quiten, expresó Ortiz, quien afirma que al no tener recursos para hacer campaña electoral, el Frente podría retirarse de la contienda.
Mientras, el principal directivo de Arena sostuvo que a su agrupación le ponen bastantes trabas. “Ni siquiera nos dejan solicitarla. No nos entregan la documentación para solicitarla”, puntualizó.
La deuda política que recibe Arena está bajo extinción de dominio por el desvío de los fondos donados por Taiwán a El Salvador para las víctimas del terremoto de 2001 a cuentas del partido tricolor.
Por su parte, Failer lamentó que no existe igualdad de condiciones para realizar la campaña e incluso, no se desembolsó el anticipo de la deuda política que debe facilitarse a los institutos políticos para evitar que irrumpan en el proceso de financiamientos ajenos.
Las proyecciones derivadas de las últimas elecciones indican que el mayor receptor de fondos seria Nuevas Ideas, seguidos de Arena 4,9 millones, el Frente con 2,6 millones y Nuestro Tiempo, con 106 mil dólares.
La idea de entregar fondos del erario público a los partidos es poco popular, pero está establecida por la Constitución.
Ese financiamiento se entrega según la cantidad de votos recibidos en la elección anterior y las normas establecidas por ley.
De acuerdo con el artículo 210 de la Constitución de la República, el Estado reconoce la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes y el objetivo de esa erogación es promover su libertad e independencia.
Este año, el Gobierno debía pagar más de 24,3 millones de dólares en concepto de anticipo de la deuda política, pero el Ministerio de Hacienda solo presupuestó cerca de medio millón de dólares.
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