Las declaraciones de la funcionaria tuvieron lugar luego de que medios locales de prensa publicaran una entrevista del abogado de Glas, Eduardo Franco, a la cadena internacional CNN, donde revelaba que el exvicemandatario podría solicitar asilo diplomático a México.
En este sentido, Palencia reiteró que lo que resuelva el gobierno mexicano, es su decisión política. La policía carece de facultades para revisar los carros que entran y salen de la embajada, eso es un tema diplomático, les pido que lo dejemos así, en el ámbito diplomático, solicitó la ministra ecuatoriana.
Este domingo el Gobierno de México comunicó mediante nota oficial de su Cancillería que, de acuerdo con sus protocolos, recibió al exvicepresidente ecuatoriano Glas en calidad de huésped.
La nota explicó que Glas se presentó en la sede de la embajada de México en Quito para solicitar su ingreso y salvaguarda, expresando temor por su seguridad y libertad personal.
Más temprano, la Fiscalía General de Ecuador había solicitado a la Policía Nacional localizar e inmovilizar al exfuncionario para fines investigativos.
Mediante una carta dirigida al comandante general de la policía, César Zapata, divulgada a través de las redes sociales, la fiscal Salazar, pidió coordinar con las unidades especiales para trasladar al exvicemandatario a la Unidad de Flagrancia, en Quito.
El documento mencionó que Glas debía ser retenido sin esposas por un máximo de 12 horas para dar cumplimiento a varias diligencias investigativas en el marco de un presunto delito de peculado (malversación).
Esta nueva solicitud del Ministerio Público se da a pocos días de que la Corte Constitucional emitiera una sentencia de revisión del habeas corpus concedido a Glas.
Glas, miembro del movimiento Revolución Ciudadana (RC), es considerado símbolo del “lawfare” en Ecuador, donde la persecución desatada por el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) contra seguidores de Correa obligó a muchos de ellos a exiliarse.
El antiguo vicegobernante recibió el beneficio de la prelibertad el pasado 28 de noviembre, luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos, respectivamente.
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