El Defensor del Pueblo en funciones, César Córdoba, señaló que apenas dos mil 161 casos recibieron sentencia, lo cual refleja la existencia de un sistema de impunidad que alienta la violencia sexual.
Citando datos del Ministerio del Interior, el funcionario anotó que el 64 por ciento de los casos denunciados no continúan el proceso por diversos factores, entre ellos, problemas en la elaboración de los partes, falta de exámenes médicos, entre otros.
«Esta responsabilidad es del Estado, no de las víctimas», subrayó este martes en declaraciones a la prensa para exponer las conclusiones de la investigación.
Según comentó Córdoba, los menores se encuentran en «indefensión» , pues «no existe quién genere a favor de ellos esta defensa a través de la ejecución de una política pública».
Por esa razón, instó a las instituciones del Estado a desarrollar mesas de trabajo para atender de mejor manera este tipo de problemas.
Recordó que Ecuador es el país de América con menor inversión en favor de la niñez y adolescencia».
Evitemos la impunidad, el silencio se considera la peor manera de alentar a estos perpetradores: pedófilos, pederastas, acosadores sexuales, manifestó el funcionario.
Por su parte, Lorena Chávez, directora del mecanismo de protección y promoción de Niños, Niñas y Adolescentes, explicó que ante la solicitud de información sobre agresores solamente respondió el Ministerio de Educación.
“Cómo podemos perfilar el tema de abuso sexual infantil, si no tenemos ningún dato acerca de los perpetradores”, manifestó.
Este informe será enviado a la Asamblea Nacional (Parlamento) y al Gobierno en busca de impulsar cambios legales encaminado a una política pública para prevenir y dar seguimiento a esta problemática.
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