La defensa del exvicemandatario sostiene que tras cinco años de cárceles, el político cumplió el 60 por ciento de la pena de ocho años impuesta en su contra por los casos Odebrecht y Sobornos, cuyas sentencias se unificaron el año pasado.
La jueza Melissa Muñoz, de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Quito, deberá analizar si le otorga al exfuncionario ese beneficio o si ordena su regreso a la cárcel.
La situación de Glas -considerado uno de los símbolos del «lawfare» en Ecuador- es incierta, debido a que es requerido también para investigaciones en el caso Reconstrucción de Manabí, pues según la Fiscalía General cometió un presunto peculado, luego del terremoto de 2016 y el 5 de enero se realizará la audiencia de formulación de cargos.
Ante lo que considera una persecución política, el exvicegobernante solicitó asilo de manera oficial a México, mientras permanece desde el domingo 17 de diciembre en la sede diplomática de dicha nación en Quito.
El abogado de Glas, Eduardo Franco Loor, aseguró que los procesos contra el exfuncionario son fraudulentos y constituyen persecución política.
La Asamblea Nacional (Parlamento) rechazó un nuevo enjuiciamiento penal contra Glas, sin embargo, la Fiscalía emitió un comunicado donde insistía en solicitar fecha para una audiencia de formulación de cargos por presunto peculado en obras realizadas luego del sismo de hace siete años.
Por su parte, la Cancillería ecuatoriana advirtió que deploraría un posible otorgamiento de asilo a Glas por parte de México y detalló que actuaría con toda firmeza en ese caso.
Tras el pronunciamiento de la Cancillería, un grupo de ecuatorianos acudió a la embajada mexicana en la urbe quiteña para expresar su respaldo al exvicepresidente y agradecer a ese país por acogerlo.
Glas, quien fue vicepresidente de Rafael Correa (2007-2017) y Lenín Moreno (2017-2021), estuvo tras las rejas durante cinco años y recibió el beneficio de la prelibertad el 28 de noviembre de 2022, luego de una medida cautelar tras la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos.
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