El dictamen sobre la continuidad o no de Anticor fue encomendado a la ministra de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, en un decreto publicado el 24 de diciembre, que fijaba la medianoche de ayer para tomar posición, sin embargo el silencio de la responsable equivalió a una negativa.
La organización expresó días atrás su deseo de que la ministra «se tomara a pecho preservar la acción ciudadana contra la corrupción, porque es esencial», pues hasta ahora Anticor era la herramienta imprescindible para que la ciudadanía pudiera ejercer acciones civiles en procesos contra la corrupción.
El abogado de la asociación, Vincent Brengarth, calificó esta «negativa implícita» como un «regalo de Navidad a los corruptos», y recordó que desde 2002, Anticor intervino en más de 160 procedimientos, entre otros la investigación contra Alexis Kohler, Secretario General del Elíseo, y los procedimientos relativos a la venta de la división de energía de Alstom a General Electric.
El permiso gubernamental habría permitido a la asociación emprender acciones legales en casos de presunta corrupción y falta de probidad, sobre todo si el fiscal no actúa, y «torpedea la lucha contra la corrupción y socava aún más el deber de ejemplaridad», añadió Brengarth.
A su vez la presidenta de Anticor, Elise Van Beneden, anunció que recurriría esta decisión ante los tribunales administrativos y aseguró que la decisión no les sorprendía pues “sabemos perfectamente que el gobierno está profundamente molesto por nuestras acciones contra la corrupción”, dijo.
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