El pasado martes, el Ministerio Público arrestó a varios exfuncionarios de esa institución que prestaron servicios en la pasada gestión, con el entonces procurador general Jean Alain Rodríguez, a la cabeza.
Fueron detenidos Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercedes, Altagracia Guillén y Javier Alejandro Forteza.
La operación fue dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice y Wilson Camacho, e incluyó al menos 38 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias La Vega y La Romana.
Los apresados son imputados por delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos, y aún se encuentran a la espera de las medidas de coerción correspondientes.
Gran revuelo causó en el país las detenciones por su envergadura y porque, según la Fiscalía, el grupo estafó al Estado por más de seis mil millones de pesos (105 millones de dólares).
Por otra parte, resultó noticia también en los últimos siete días, la aprobación del gobierno, conjuntamente con el Colegio Médico y representantes de las sociedades médicas especializadas, de una tercera dosis de refuerzo de la vacuna antiCovid-19 para aumentar la respuesta del sistema inmune de las personas, la cual hasta el momento es la Pfizer.
Las partes firmaron un manifiesto en el cual todas están de acuerdo con este procedimiento, a pesar de que la decisión es cuestionada por diversos sectores ante la falta de estudios concluyentes al respecto.
Sin embargo, los firmantes expusieron las razones por la cual puede aplicarse una tercera dosis de refuerzo con una vacuna diferente a la inoculada, es beneficioso para combatir las nuevas variantes del virus que en estos momentos afectan a varios países, y como forma de tener una mayor protección contra ellas.
oda/ema
