El debate de la iniciativa 5933 comenzó al mediodía del martes 29 en el Congreso con carácter de urgencia nacional e incluso logró el voto inicial de 137 diputados, pero se detuvo cuando avanzó su examen por artículos y redacción final.
En ese momento, los legisladores presentaron unas 30 enmiendas al texto enviado por el Ejecutivo, y el consenso pactado en principio se vino abajo, por lo que el pleno se declaró en sesión permanente hasta conseguir el visto bueno.
La jornada del miércoles 30 fue una más de desencuentros y cabildeos por parte del bloque oficialista y la junta directiva, que propuso debatir en instancia de jefes de bloque cada artículo junto a la ministra de Salud Amelia Flores para ganar en claridad sobre varios temas polémicos de la herramienta legal.
Esta incluye mecanismos de compensación por posibles reacciones adversas de las vacunas contra la Covid-19 con el fin de eximir a las farmacéuticas de responsabilidad por su uso, y abriría el camino para recibir una donación de medio millón de dosis de Moderna prometida por Estados Unidos.
Luego de una reunión de jefes de bloque marcada por críticas al Gobierno por la tardanza en presentar la iniciativa de ley y solicitudes de renuncia a Flores por el mal manejo de la pandemia y la lentitud del plan de vacunación, finalmente el jueves se logró el visto bueno al decreto, el cual exime de responsabilidad a las farmacéuticas.
La polémica desatada en el Congreso ocurre en un contexto de reclamos a la cartera de Salud por la baja cobertura del plan de inmunización iniciado en febrero último, hasta ahora en la fase II, para mayores de 50 años.
Según el recuento, hasta hoy solo 957 mil 886 guatemaltecos cuentan con el esquema completo de una población superior a los 17 millones de habitantes, una cifra vergonzosa a juicio de la doctora Zulma Calderón, defensora de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Además, en medio de una tercera ola de la Covid-19, con cifras históricas la pasada semana de dos mil 855 casos (solo el miércoles 30) y los hospitales por encima de sus capacidades, y sin que el Ejecutivo tome medidas para frenar la propagación.
Después de 16 meses de combate a la pandemia, suman más de 299 mil contagios en total y nueve mil 350 fallecidos.
La víspera, la Contraloría General de Cuentas presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra la ministra de Salud Amelia Flores por los supuestos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y peculado por sustracción, todos ellos vinculados al contrato de compra de vacunas rusas contra el coronavirus.
oda/mmc
