Según la jueza Melisa Muñoz, al exvicemandatario le falta uno de los ocho requisitos previstos por la legislación para acceder a ese beneficio.
Tras su decisión, se dispuso la localización y captura del exfuncionario, considerado por muchos como un perseguido político y víctima del “lawfare”, para que cumpla en la cárcel lo que resta de la pena unificada de ocho años en su contra por los casos Odebrecht y Sobornos.
En la noche de este miércoles, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) emitió un comunicado en el que aboga por revocar las medidas cautelares otorgadas al exvicepresidente, quien recibió la prelibertad de forma provisional y regulada el 28 de noviembre de 2022.
El abogado de Glas, Edison Loayza, apeló la decisión de la magistrada Muñoz en la misma audiencia y afirmó que su defendido no se entregará a la justicia.
La situación del político y uno de los líderes del movimiento Revolución Ciudadana es compleja, debido a que es requerido también para investigaciones del caso Reconstrucción de Manabí.
Según la Fiscalía General, cometió un presunto peculado en obras públicas ejecutadas en ese territorio, luego del terremoto de 2016, y el 5 de enero se realizará la audiencia de formulación de cargos.
Ante lo que considera una persecución política, el exvicegobernante solicitó asilo de manera oficial al gobierno mexicano, mientras permanece desde el domingo 17 de diciembre en la sede diplomática de dicha nación en Quito.
El gobierno ecuatoriano advirtió que deploraría un posible otorgamiento del asilo por parte de México y detalló que actuaría con toda firmeza en ese caso.
Otro de los abogados de Glas, Eduardo Franco Loor, asegura que son fraudulentos y constituyen persecución política los procesos contra quien fue vicepresidente de Rafael Correa (2007-2017) y reelecto como binomio de Lenín Moreno (2017-2021).
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