Según la publicación, la más seguida en el país, son 12 casos vinculados a la apropiación de fondos públicos, hasta procesos de crimen organizado por lavado de dinero y el golpe a las finanzas a través de procesos de extinción de dominio.
El 2023 fue un año que dejó a exfuncionarios condenados y a otros huyendo de la justicia, precisó al abordar un abanico de delitos que marcaronun antes y un después de exfuncionarios que ingresaron al Estado con reducidos patrimonios y salieron con millones de dólares.
Además de las condenas emitidas este año, la Fiscalía General de la República inició casos que golpean las finanzas de exfuncionarios señalados de enriquecerse ilícitamente.
Especial destaque para el expresidente Alfredo Cristiani Burkard (1989-1994), a quien pese a que pasaron 29 años desde que cesó funciones, el ministerio público le aplicó la Ley de Extinción de Dominio, una normativa con efecto retroactivo que faculta iniciar acciones para recuperar bienes a favor del Estado sin importar los años transcurridos.
Según el fiscal general, Rodolfo Delgado, Cristiani llegó a la presidencia con deudas. “Para sorpresa de muchas personas involucradas en la investigación, llegó endeudado a la presidencia, con sus inversiones por el suelo, y salió millonario de la presidencia”, dijo.
Entre los acusados se encuentran expresidentes, asambleístas y políticos de diferentes tendencias, desde la izquierda a la derecha, y aunque no se habla de figuras del actual gobierno, el presidente Nayib Bukele prometió escarbar entre sus miembros.
Investigaciones del periódico El Faro, crítico del gobierno, informan de presuntos actos de corrupción de funcionarios oficiales, asambleístas y personas vinculadas a ese entorno aunque no existen indicios de investigación.
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