De acuerdo con el portal web del máximo órgano de justicia, pese a la pandemia de la Covid-19 el Poder Judicial, entre 2020 y lo que va de este año, realizó 26 mil 652 audiencias y atendió a unos 31 mil 585 privados de libertad en los centros penitenciarios y policiales a nivel nacional. La publicación destaca que esas acciones forman parte de una continua e ininterrumpida labor que se realiza en aras de garantizar los principios constitucionales de acceso a la justicia, el debido proceso y la celeridad procesal, en plena sintonía con la Constitución y las leyes de la República.
De igual forma, la nota informativa refiere que existe un plan para el descongestionamiento de salas de retención preventiva y centros penitenciarios, en el cual participan jueces y servidoras judiciales.
Detalló que el plan de descongestionamiento se puso en marcha en los diferentes centros penitenciarios, incluyendo las salas de retención preventiva del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, de la Guardia Nacional Bolivariana, del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, y otros cuerpos policiales del país.
La víspera, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela calificó de falaz y tendencioso el informe de la Alta Comisionada sobre supuestas violaciones a los derechos humanos en esta nación.
En un comunicado oficial la cancillería señaló que esa resolución fue impulsada por un minúsculo grupo de gobiernos con graves situaciones internas de violación de derechos humanos que se complotaron para satisfacer la política de cambio de régimen impulsada por los Estados Unidos.
Denunció que el informe omite cómo en cada una de las 26 visitas realizadas, la comisionada se entrevistó con centenares de personas privadas de libertad, conforme a sus propias pautas de actuación y según las conclusiones entregadas, las personas entrevistadas confirmaron el pleno respeto a su integridad personal.
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