El documento presentado declara la inexistencia, la ineficacia e invalidez de los acuerdos, decisiones y actos del Parlamento durante el período de desacato continuado contrarios a los intereses de la República y los derechos del pueblo.
Al respecto el diputado y abogado constitucionalista Hermann Escarrá afirmó que el proyecto demuestra que los acuerdos de esa etapa fueron dictados con la deliberada intención de violar la Constitución, al emplearlos como medio de comisión delictiva ante instancias diplomáticas, políticas y judiciales extranjeras e internacionales.
De igual forma, dijo, se usaron para defraudar a la nación y a otros estados, así como engañar a terceros, simulando la ejecución de pretendidos acciones de un gobierno inexistentes.
Escarrá enfatizó que el país estaba esperando esa aprobación y acotó que más allá de los distintos, diversos y plurales acontecimientos, en esa etapa legislativa se originó el concepto del desacato parlamentario que no existía en la doctrina ni en la jurisprudencia venezolana.
‘Se produce una sentencia y luego otras, y hay una actitud de contumacia, preferimos decir los abogados de rebeldía, de incumplimiento con consecuencias delicadas, ya que el desacato al Poder Judicial trajo el efecto de que todos los actos que produjeran fueran nulos por violar la Constitución y por ende, encontrarse al margen del derecho’, subrayó el letrado.
Recordó, que esos hechos en los que incurrió la Asamblea anterior, no fueron una simple violación del Estado de Derecho sino el Estado Constitucional de Derecho, fuente de legitimidad de todo el ordenamiento jurídico, que se agrava porque es la única Carta Magna (de las 27 que ha habido en el país) que fue elaborada, discutida y aprobada directamente por el pueblo.
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